Se realizaron cuatro diligencias en domicilios particulares de Comodoro Rivadavia y como resultado se detuvo un empleado del organismo y se secuestró una importante cantidad de dinero y documentación importante para la causa.

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, encabezó una conferencia de prensa junto al fiscal de la causa, Héctor Iturrioz y el jefe de la Brigada de Investigaciones, Ariel Jara, donde brindó detalles sobre las cuatro diligencias efectuadas en cuatro domicilios particulares de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Se investiga presuntas estafas adjudicaciones ilegales de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda, donde ya hay una mujer detenida.

Al respecto, el jefe de la Brigada de Investigaciones, Ariel Jara, detalló los procedimientos realizados, dando a conocer que se detuvo a un empleado del IPV y se secuestro medio millón de pesos en efectivo y documentacion importante sobre la causa.

Esta persona detenida en el día de hoy, estaba suspendida en el cargo por estar en el medio de otra investigación por malversación de fondos, según indicó Jara.

Por su parte, el ministro Massoni sostuvo que esta persona "Deberá rendir cuentas antes la justicia, no vamos a permitir ningún delito y seremos extremadamente férreos con estos delincuentes que se aprovechan de la necesidad de la gente".

Por su parte en conferencia de ,prensa el Fiscal Iturrioz sostuvo que “sabíamos que era necesaria la participación de un funcionario público” e indicó que a partir de los allanamientos concretados la semana pasada y la detención de una mujer que sería la encargada de vender las adjudicaciones de planes, “los tiempos se aceleraron y pudimos determinar la identidad y de otros muchos partícipes”.

El fiscal reveló que “hicimos una cuenta rápida y solo por los meses de junio y julio la organización criminal recaudó 19.424.000 pesos. Estimamos que la recaudación total es de 40 millones de pesos y estoy seguro que nos quedamos cortos”.

Según algunos testimonios, el detenido, considerado como jefe de la asociación ilícita, “tenía un señorío absoluto en el IPV  a pesar de estar sometido a procedimiento sumarial hace casi dos años, estar suspendido y volver adscripto”.

Iturrioz señaló que “la impunidad llegó hasta un punto tal que una de las vendedoras publicaban en sus estados de Whatsapp cuántos cupos le quedaban, y también hay grabaciones de reuniones con empleados que le achacaban este accionar ilegal”. Agregó que la organización funciona al menos desde 2018.