Para poder quedar en libertad, la Justicia le impuso su ingreso al Programa de Sistemas de Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores Sexuales y Víctimas de Violencia de Género.
El Tribunal Oral Penal de Goya, Corrientes, por mayoría, ordenó el cese de prisión para Cristian Casco, un conocido abogado de esta ciudad detenido por lesiones graves cometidas contra su pareja.
Para poder quedar en libertad, la Justicia le impuso su ingreso al Programa de Sistemas de Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores Sexuales y Víctimas de Violencia de Género. Un voto en minoría aplicó perspectiva de género denegando la petición.
El Programa provee de un dispositivo dual de supervisión, monitoreo y rastreo, lo que se conoce como una pulsera para el imputado, y un dispositivo de geolocalización para la víctima; a los fines de hacer efectiva la medida de restricción de 200 metros impuesta a Casco.
También impusieron como medida que Casco concurra todos los lunes o día subsiguiente de ser feriado o inhábil, a la Comisaría correspondiente al domicilio fijado por éste, establecimiento rural “Don Juan”, sito en Paraje San Antonio, Tercera Sección Rural del Departamento de Goya, debiendo dicha dependencia remitir mensualmente planilla en la que se consigne la firma del imputado que acredite su comparecencia.
Finalmente se le ordenó la prohibición de relacionarse o acercarse a menos de doscientos metros de la víctima o su domicilio.
Casco se encontraba detenido desde hace más de un año y seis meses, en una causa por “Lesiones graves doblemente calificadas por haber mantenido el autor relación de pareja con la víctima y la condición femenina de esta (violencia de género) daños y coacciones en concurso real”.
Para tomar esa decisión los integrantes del TOP analizaron el informe de conducta remitido por la Comisaría Segunda; y el informe de la Psicóloga Forense, que refirió no encontrar elementos que resultaran negativos en relación a la aptitud de reinserción social; y su recomendación de que el imputado reciba asistencia en el área de salud mental.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, entendió que no correspondía conceder el beneficio solicitado.
