Cisterna y Correa condenados como organizadores de una asociación ilícita; Oca, Pagani, Bortagaray y Luthers como miembros de la organización; Carpintero por enriquecimiento ilícito; Castillo por cohecho activo. El viernes 23 será la audiencia de cesura de pena. 

El juicio oral y público por la causa de corrupción conocida como “Revelación” llegó a su final con la declaración de culpabilidad de los siete ex funcionarios y el empresario de la construcción involucrados. Aunque cabe recordar que varios fueron los empresarios que antes se habían acogido a la posibilidad de la probation para no llegar a la instancia del juicio. El viernes 23, el Tribunal dará a conocer la pena para cada uno de los declarados culpables. 

Ayer por la tarde se realizó la lectura del veredicto, declarando culpables a todos los imputados: Víctor Cisterna (organizador, en calidad de autor bajo la modalidad de delito continuado en concurso real con exacciones ilegales); Diego Correa (organizador, en calidad de autor por delito continuado con exacciones ilegales); Pablo Oca (miembro de la asociación ilícita como autor y partícipe primario); Alejandro Pagani (miembro de asociación ilícita como autor en concurso real de cohecho pasivo); Martín Bortagaray (miembro de asociación ilícita y cohecho pasivo); Diego Luthers (miembro de la asociación en calidad de autor); Gonzalo Carpintero (como autor por enriquecimiento ilícito) y Martín Castillo (cohecho activo en calidad de autor). 

El fallo condenatorio lo leyeron los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales. 

SEGUIR INVESTIGANDO

Aunque en algunos de los tramos el veredicto fue dividido, el Tribunal consideró que la Fiscalía pudo probar la existencia de una asociación ilícita creada y liderada por el entonces gobernador Mario Das Neves para cobrar coimas de la obra pública. Incluso sugirió que todos los funcionarios actuales y pasados que cobraron sobresueldos en esa época, deben ser investigados. 

El proceso judicial de esta causa, demandó tres años y poco más de dos meses de debate en juicio oral y público. Según el planteo realizado por la Fiscalía las maniobras ilegales comenzaron a ejecutarse a partir del inicio del tercer gobierno de Das Neves al frente de la provincia del Chubut, en diciembre del año 2015. 
Los mismos empresarios manifestaron que los aportes eran 3 y 5% del total del costo de la obra pública ejecutada. Para los fiscales todos los empresarios fueron coincidentes en estos aportes, que se realizaron entre los años 2016 y 2017 y que fueron exigidos primero por Cisterna y luego por Correa. 

Varios de esos empresarios durante el proceso, fueron beneficiados con el instituto de suspensión de juicio a prueba. Para los investigadores éstos  fueron víctimas

de la coacción por parte de los funcionarios y solo buscaban acceder al cobro de las obras ejecutadas.  
Para los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, la asociación ilícita tuvo también sus ramificaciones en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La finalidad, fue apropiarse del Canal 9 de esa ciudad. Consideran que se pudo verificar que se iba pagando con montos de un millón de pesos por mes y otro millón derivado de los pagos de los retornos de los empresarios de la construcción.

Esta maniobra fue realizada en principio por Jorge Ninin, que fue condenado en este caso. También se mencionó a Federico Piccione, que se ocupaba de llevar ese dinero y volcarlo en la deuda del concurso que atravesaba la firma Protel Patagónica, propietaria de ese canal televisivo.

LAS PRUEBAS

Fueron consideradas claves las pruebas incautadas en la casa de la calle Marconi 340 de Trelew de propiedad de los padres de Diego Luthers, además de las pericias del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs) dependiente de la Procuración General del Chubut.

Asimismo las pericias informáticas realizadas por personal de esa dependencia a cargo de Guillermo Figueredo, marcaron un punto importante en materia probatoria. Así se fue determinando cómo funcionaba esa asociación ilícita  organizada por Diego Correa y el sistema de liberación del pago que realizaba Pablo Oca.

Se exhibieron en el juicio oral numerosos mensajes de empresarios de la construcción, en general consultando por si se liberaba o no una orden de pago.

También en el debate fueron fundamentales los testimonios del personal de la Administración Pública. Por ejemplo resultaron reveladores los dichos de los choferes de la Unidad Gobernador que dirigía Correa al manifestar que el imputado Luthers les encomendaba ir al Banco del Chubut a cobrar los cheques de los retornos depositados.