El Tribunal decidió la prisión preventiva para los tres exfuncionarios condenados por la causa de coimas en la obra pública.
Este lunes se conocieron las condenas en el juicio mas importante por corrupción en la provincia del Chubut. La Causa Revelación investigó la asociación ilícita conformada por exfuncionarios del gobierno provincial, que durante su período de actividad al frente de la función pública en la gestión del ex gobernador Mario Das Neves le exigían “retornos” a empresarios de la construcción para liberar los pagos correspondientes a las obras públicas que ejecutaban.
Más temprano, el tribunal condenó a 7 años de prisión a Victor Cisterna -ex ministro Coordinador- y a 5 años y medio a Diego Correa- Unidad Gobernador-; también fueron condenados a tres años de prisión Gonzalo Carpintero y Pablo Oca -ex ministro de Economía-, y a 4 años y 8 meses a Alejandro Pagani - exministro de Infraestructura- y a 4 años y 6 meses de prisión a Martín Bortagaray - ex titular del IPV-.
En ese contexto, el fiscal pidió que se ordene la detención inmediata de Cisterna, Pagani y Bortagaray.
El Tribunal debía definir si los condenados aguardarían la confirmación del fallo de la Cámara con a prisión preventiva, prisión domiciliaria o libres. Sobre las 15 hs, tras un cuarto intermedio, los magistrados -con voto dividido- accedieron al pedido de prisión preventiva realizado por Fiscalía.
Los jueces Alejandro Rosales e Ivana González votaron a favor de la prisión preventiva, en tanto que Mariano Nicosia votó en disidencia, argumentando buena conducta y la edad de los acusados.
De esta manera, los tres exfuncionarios permanecerán presos desde este lunes.
Víctor Cisterna, ex ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, fue condenado a 7 años y medio de prisión efectiva.
El exministro de Infraestructura y Planificación Alejandro Pagani deberá cumplir la pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva.
Martín Bortagaray, ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda, deberá cumplir la pena de 4 años y 6 meses de prisión.
Todos los condenados tienen además inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
