Diputados, miembros de la Justicia, organismos de derechos humanos no gubernamentales y funcionarios del Ejecutivo podrán hacer «visitas sorpresas» a todos los lugares de detención y encierro para monitorear que no haya tortura y malos tratos a las personas privadas de la libertad. Tendrán inmunidad de arresto.

Bajo la consigna de terminar con la tortura física, psíquica o tratos crueles en los lugares de detención de la provincia del Chubut, el diputado Pais presentó una iniciativa para controlar, monitorear y constatar que estos mecanismos de castigo no se materialicen en las cárceles provinciales.
«La aplicación de medios de tortura física, psíquica o tratos crueles «es una realidad que la sociedad muchas veces no percibe. Ocurre que una parte importante de la ciudadanía no tiene contacto con hechos de este tipo y, salvo casos aislados, no forman parte de la agenda pública. Esto se debe a que, en los últimos años, este tipo de prácticas se han utilizado como un mecanismo de castigo o disciplinarios en centros de detención, correccionales o penitenciarías donde se alojan personas alcanzadas por una sanción o disposición de orden penal», indica el proyecto.
 

Para eso, Pais propone la creación del «Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes», que actuará en todo el territorio de Chubut, respecto de todos los lugares de detención de jurisdicción provincial.
El objetivo del Comité será garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles.

En torno a la conformación, contará con un mínimo de uno y un máximo de tres representantes de organismos de derechos humanos no gubernamentales; tres diputados; dos funcionarios del Poder Ejecutivo; y tres miembros del Poder Judicial.

La Comisión de Derechos Humanos y Género de la Legislatura habilitará un registro de inscripción de postulantes presentado por organismos de derechos humanos no gubernamentales.

ACCESO IRRESTRICTO
Entre las facultades que tendrá este Comité que funcionará en el seno de la Legislatura, se encuentra la de «realizar visitas periódicas, sin necesidad de aviso previo, en días hábiles o inhábiles y en diversos horarios y con acceso irrestricto a todos los edificios de cárceles, unidades policiales y otros lugares de detención o encierro».

Los integrantes también podrán recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad, realizar informes sobre las condiciones de detención en que se encuentran y elaborar propuestas, realizar sugerencias y recomendaciones sobre políticas públicas a adoptar en la materia sobre el mejoramiento de las prácticas carcelarias y otros lugares de encierro.

No obstante, tendrán luz verde para realizar entrevistas y mantener comunicación personal y confidencial tanto con personas privadas de su libertad, familiares de éstos y otras personas.
En la misma sintonía, podrán confeccionar una base de datos con el objeto de llevar un registro sobre casos de torturas y malos tratos en cárceles o lugares de detención en la provincia del Chubut.
«Supervisar que, en la educación o capacitación de personal policial, penitenciario, judicial o relacionado con temáticas de las personas privadas de libertad, se haya erradicado toda la enseñanza o transmisión de las prácticas de tortura», describe uno de los puntos de la iniciativa del diputado comodorense.

INMUNIDADES
Con el objetivo de garantizar el ejercicio sin limitaciones de las funciones previstas por esta ley, los integrantes del Comité, en ejercicio de sus funciones, tendrán las siguientes inmunidades: «Inmunidad de arresto y detención, salvo el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución del delito doloso reprimido con pena máxima superior a los tres años».

Asimismo, tendrán «inmunidad contra toda acción judicial respecto a las palabras habladas o escritas y a los actos en cumplimiento de su función cuando las mismas sean dirigidas por instituciones públicas. Esta inmunidad no aplica a eventual responsabilidad por referencias a personas físicas que formulen los miembros del Comité.