Fue durante el lapso de 5 meses. Si bien el hecho se descubrió en abril, le hicieron allanamientos en el mes de julio, y los investigadores recién dieron aviso al Poder Judicial a mediados de octubre. En ese lapso, el profesional realizó al menos 6 pericias a chicos que eran víctimas de abuso sexual.

A pesar de que se emitió una alerta internacional el 2 de abril y se dio aviso a la fiscalía chubutense en el mes de mayo, un médico forense imputado por consumir material de una red de pornografía infantil recién fue apartado de su cargo en el mes de octubre, y durante todo ese tiempo continuó con su trabajo que incluyó pericias en el cuerpo de menores que eran víctimas de denuncias de abuso sexual.

La información fue confirmada de manera oficial a ADNSUR por fuentes del Poder Judicial, y agrega una nueva página al caso que conmocionó a la opinión pública, y por el cual está imputado el médico forense J.O.J., de 70 años, quien es funcionario judicial en la ciudad de Trelew.

De acuerdo a los datos chequeados de fuentes judiciales por esta agencia, en esos cinco meses, el médico realizó un total de 270 pericias generales, de las cuales 8 fueron por abuso sexual, y específicamente le asignaron 6 casos de abuso a menores. Es decir que, a pesar de ya estar sospechado de ser consumidor de una red de distribución de pornografía con niños, el hombre realizó la revisión ginecológica de varios menores, ante el desconocimiento de los empleadores sobre la situación.

La investigación tiene origen en la ONG de Estados Unidos, National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados), que detectó el tráfico de material pornográfico el pasado 2 de abril en la IP de la computadora de J.O.J., quien es médico forense en el Poder Judicial de Chubut.

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito de Chubut, que conduce el fiscal Fernando Rivarola, recibió el aviso en mayo, pero ninguna autoridad judicial fue anoticiada de las sospechas contra el funcionario, cuyo domicilio en Trelew recién fue allanado el 8 de julio, así como el comercio de su esposa. Previamente, el 10 de junio, hubo varios allanamientos a otras personas sospechosas, que incluso terminaron con un individuo detenido.

En cambio, el médico y funcionario judicial no fue detenido en ninguna dependencia policial, a pesar de que partir del secuestro de su teléfono celular y su notebook el 8 de julio, se encontraron las pruebas que confirmaron la información de la ONG acerca de consumo de este material ilegal, algo que fue admitido totalmente por el imputado.

Pero recién tres meses después de secuestrar ese material, se dio aviso al Superior Tribunal de Justicia, que apartó a J.O.J. de su cargo. En todo ese lapso, es decir, desde mayo cuando se dio aviso a la fiscalía local, y octubre cuando fue apartado de su cargo, el médico realizó –según información documentada- no menos de 6 pericias en el cuerpo de menores víctimas de abuso, lo que generó indignación en varios de los padres que están ya están consultando por el tema, que hasta puede generar planteos judiciales para anular el resultado de esos informes.

El tema ya genera indignación en los principales despachos de la Justicia, y podría derivar en una denuncia para determinar responsabilidades, ante las siguientes preguntas: ¿por qué no se avisó con anticipación al empleador para que pudiera apartar de su cargo al médico o al menos no asignarle pericias con menores?; ¿por qué recién se conoció el dato en octubre, cuando ya estaba listo un acuerdo de partes entre el fiscal Rivarola y Fabián Gabalachis, abogado defensor del médico, para llegar a un juicio abreviado en secreto, con una condena mínima de un año?