Ocurrió en Trelew hace una década e involucra al párroco Héctor Alfredo Coñuel. Los hechos sucedieron en la capilla del barrio San Martín y en la agrupación de exploradores de Don Bosco. El condenado ya tenía una denuncia por un hecho similar en La Pampa.

En un fallo unánime el tribunal de juicio presidido por la jueza María Tolomei, junto a los vocales Marcelo Nieto Di Biase y Mirta del Valle Moreno condenó a Héctor Alfredo Coñuel a la pena 20 años de prisión tras haberlo declarado culpable de cinco delitos vinculados con la integridad sexual.

Al condenado, quien es sacerdote de la iglesia católica, se lo condenó como responsable de abuso sexual simple aprovechándose que la víctima no pudo consentir libremente la acción agravado por la calidad de autor por haber sido cometido por ministro de un culto reconocido (un hecho) en concurso real con abuso sexual doblemente agravado por haber sido cometido con acceso carnal, mediante amenazas y violencia, aprovechando que la víctima no pudo consentir libremente la acción y mediante abuso intimidatorio de una relación de autoridad, agravado por haber sido cometido por un ministro de un culto reconocido (cuatro hechos en concurso real), todo ello en concurso ideal con la figura de promoción de corrupción de menores de dieciocho años de edad agravada por mediar amenaza y abuso de autoridad.

Los hechos que le fueron imputados al sacerdote datan desde mediados del año 2011 hasta el 2012, cuando la víctima tenía 14 o 15 años y acudía a una capilla del barrio San Martín de la ciudad de Trelew donde se realizaban actividades, sumándose a otras que se desarrollaban en la agrupación de exploradores de Don Bosco. En ese contexto y durante esos años se produjeron los ultrajantes ataques por los cuales ahora Coñuel fue condenado.

El mismo sacerdote ya había sido condenado en agosto del año 2019 en Santa Rosa (La Pampa) a una pena de cinco años de prisión por ser autor del delito de abuso sexual simple, aprovechándose de que la víctima no podía consentir libremente la acción, y agravado por haber sido cometido por un ministro de un culto reconocido, como delito continuado. Esta condena ya fue ratificada por el Superior Tribunal de esa provincia.