Algunas causas se pueden reconstruir y la prioridad serán los casos de abuso sexual. Pero otras se perdieron por completo.

Tras los graves incidentes en Rawson en el marco de las marchas antimineras, el procurador general Jorge Miquelarena creó un equipo de fiscales, funcionarios e investigadores para identificar e imputar a los responsables. Cabe recordar que terminaron incendiados Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía de Rawson, entre otros.

Al equipo lo liderará el procurador general adjunto, Emilio Porras Hernández, y estarán los fiscales Marcos Nápoli y Florencia Gómez, acompañados por los investigadores Juan Carlos Nuñez, Mario Nahuelcheo además de peritos de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la Procuración General. Miquelarena se basó en que por su “complejidad” el caso no puede quedar bajo la órbita de una sola persona.

Entre los delitos a investigar figuran la compra de voluntades, la liberación de la zona, el ingreso a los edificios públicos para incendiar, saquear y destruir, la instigación, intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, robos, lesiones -dado que hubo policías heridos-, y también por excesos y abusos policiales.

Otro dato es que la Fiscalía de Rawson se trasladará en forma transitoria a la sede del MPF de Trelew.

En cuanto a los incendios en la Fiscalía y la Procuración, afectaron a 754 investigaciones. El director de la Dirección de Control de Gestión de la Procuración, Daniel Corrópoli, dijo que “muchas computadoras se quemaron, otras desaparecieron y suponemos que han sido robadas. Pero otras tantas fueron recuperadas”. El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, ofreció enviar computadoras.

En conferencia de prensa, Miquelarena explicó que “hay causas que se perdieron enteras, otras que hay que reconstruir. Muchas podrían caerse porque desaparecieron las pruebas o por extinción de los plazos procesales. Esto afecta a las víctimas, detrás de cada expediente hay personas. Fue un grupo reducido de vándalos”, dijo.

“Acá hay muchos responsables. Es una cuestión política que deben arreglar los políticos. Nosotros trabajamos sobre los hechos consumados. Todo se manejó muy mal, digo con sinceridad que el tema se minimizó”, manifestó. “¿Tan difícil era llamar a un plebiscito, cuál es el inconveniente?”, precisó Miquelarena, a quien por momentos se lo vio afectado emocionalmente. Se preguntó por qué los diputados no trataron dos proyectos presentados en la Legislatura. “Es un tema de los políticos y deben solucionarlo los políticos”.

El procurador destacó las sospechas sobre las decisiones que originaron los incidentes, lo que obligó a esquematizar en cuatro aspectos las líneas investigativas. “Vamos a investigar todo”, enfatizó el jefe de los fiscales, “a pesar de la falta de personal y los recursos afectados seriamente”.

Se refirió en primer lugar a la necesidad de investigar a los diputados teniendo en cuenta también denuncias de “vindicación” ya realizadas por algunos de ellos tras la denuncia por coimas de la legisladora Leyla Lloyd Jones, cuya causa “aún no está cerrada” .

También identificar a los responsables de los daños en edificios públicos, vehículos y comercios, sus ideólogos e instigadores. La tercera línea de investigación es dar con quienes lesiones a personas. Y en cuarto lugar, determinar si existió zona liberada.

Miquelarena reveló que el momento más tenso lo vivió desde Capital Federal, de regreso a Rawson. “Llamé al ministro de Seguridad Leonardo Das Neves cuando empecé a recibir llamadas e imágenes de cómo se quemaba todo. Le pedí a los gritos que haga algo para proteger nuestros bienes”.

Un párrafo especial mereció la responsabilidad penal de las personas jurídicas. “Vamos a investigar la responsabilidad penal de todas las que tengan relación con el proyecto”, aseveró. “Cuando aparece un proyecto de esta naturaleza siempre aparecen empresas que hacen el apoyo logístico a la empresa extractora, propiciando y contratando el transporte, las viandas, el alojamiento”, apuntando la investigación a “la génesis de esas empresas que contraten y la composición real de sus miembros”.

Recordó que hace dos años se aprobó la Ley 27401 en el Congreso que prevé mecanismos de control y transparencia de la empresas jurídicas, y su responsabilidad penal.

A su turno la fiscal Gómez dijo que “se intentará reconstruir lo que se pueda”. Serán prioridad los casos de abuso sexual. “Son investigaciones que llevaron mucho tiempo de trabajo”, apuntó.