El ex dirigente sindical docente, Santiago Goodman, afrontará una pena de tres años de prisión condicional. Mariana Castro y Marcela Ancaleo resultaron sobreseídas. La lectura completa de la sentencia de 52 hojas concluyó después de más de tres horas de audiencia.

La jueza de garantías María Tolomei condenó a Santiago Goodman a la pena de tres años de prisión por el delito de incendio, como corolario del juicio oral y público, tras ser hallado culpable del delito incendio por lo ocurrido en la Legislatura provincial entre los días 18 y 19 de septiembre del año 2019.

También el ex sindicalista deberá cumplir pautas de conducta, hacer un curso de derechos humanos y realizar cincuenta horas de tareas comunitarias en una biblioteca de Playa Unión.

Tanto la Fiscalía como la Querella habían solicitado la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

La magistrada leyó en su totalidad la sentencia, de 52 hojas, a pesar de haber ofrecido una síntesis de la misma, posibilidad a la que se opuso el defensor del imputado, el abogado Sergio Miranda.

Para la jueza Tolomei, Goodman “sabía lo que quería, la producción conjunta del fuego. Además, era consciente y su actuación fue espontánea y personal. Sabía que el fuego era  incontrolable, con indiferencia del resultado, un fuego peligroso con posibilidades de propagación para personas y bienes”. También destacó “la prueba independiente que reunió la Fiscalía” y “el reconocimiento de lo que el mismo imputado hizo al pedir declarar en el Juicio”.

Para la magistrada “el derecho a manifestarse no fue justificación”. Lo dijo en su introducción, al destacar la participación de la Justicia en el caso que “no significó la criminalización de las manifestaciones gremiales”.

La jueza Tolomei consideró también que la condición de docente y de gremialista, además de su  grado intelectual, constituyeron un agravante para la conducta que se juzgó.

Cabe destacar que el incendio del que participó el ex secretario general de la ATECH se produjo en el marco de un reclamo por cuestiones salariales del gremio docente que dirigía a nivel provincial.

La investigación, la estrategia y el seguimiento procesal, estuvo a cargo de la fiscal general Florencia Gómez, el procurador de fiscalía Leonardo Cheuquemán y el funcionario de fiscalía Jeremías Regueira.

Por el incendio en la puerta dos de Casa de Gobierno, todos fueron absueltos. También fue llevado a proceso Matías Schiarloh que se sometió a la suspensión del juicio a prueba mediante el ofrecimiento de dinero y trabajos comunitarios, cuestión que fue aceptada por el juez que garantizó el proceso, aunque luego apelada por la fiscal general Gómez y en la actualidad en tratamiento en el Superior Tribunal de Justicia.