COMIENZA UN NUEVO JUICIO POR LA CONTAMINACIÓN DEL GOLFO NUEVO: DOS DIRECTIVOS DE CONARPESA VUELVEN AL BANQUILLO

PUERTO MADRYN

Este jueves 5 de noviembre comenzará en los Tribunales de Puerto Madryn un nuevo juicio oral y público por la presunta contaminación del Golfo Nuevo, en una causa que investiga el vertido de líquidos industriales sin tratamiento provenientes de las instalaciones de la pesquera Conarpesa.

En esta oportunidad, los acusados no son la empresa como persona jurídica, sino dos de sus directivos: Nadine Parry, responsable del área ambiental, y Joseph Vargas, encargado del sistema de tratamiento de efluentes.

El debate estará a cargo de la jueza penal Dra. Yamila Carla Flores, quien intervendrá como tribunal unipersonal. Por el Ministerio Público Fiscal actuarán el fiscal jefe Dr. Alex Williams y el funcionario Dr. Juan Pablo Santos.

La investigación se inició en 2023, luego de detectarse una descarga de líquidos industriales que llegaba directamente al mar mediante un sistema clandestino de derivación, conocido como “by-pass”. Según la acusación fiscal, este mecanismo permitía eludir el tratamiento correspondiente de los efluentes generados durante el procesamiento de productos pesqueros.

Uno de los elementos centrales de la investigación son los resultados de los análisis ambientales, que detectaron concentraciones de materia orgánica superiores a los 1.500 miligramos por litro, cuando el límite permitido por la normativa es de 50 miligramos por litro.

UN PRIMER JUICIO QUE TERMINÓ EN ABSOLUCIÓN

Este nuevo debate llega después de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hiciera lugar, por unanimidad, a la impugnación presentada por la Fiscalía y dejara sin efecto la absolución dictada en el primer juicio.

El máximo tribunal provincial consideró que correspondía realizar un nuevo debate para analizar los hechos y las pruebas, por lo que el proceso deberá repetirse con los mismos elementos probatorios y bajo las mismas condiciones procesales.

En diálogo con la prensa, el fiscal jefe Alex Williams explicó que la primera sentencia había considerado que la acusación había vulnerado el principio de congruencia, es decir, que se habría modificado el hecho atribuido a los imputados durante el proceso. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que la acusación siempre se mantuvo sobre el mismo episodio y el Superior Tribunal le dio la razón en ese planteo.

LA HIPÓTESIS DE UN DESVÍO CLANDESTINO HACIA EL MAR

Williams detalló que la acusación sostiene que, durante al menos dos días de febrero de 2023, se habría derivado líquido crudo proveniente del procesamiento de materia prima hacia la costa y posteriormente al Golfo Nuevo.

Según relató, durante las inspecciones se detectó una descarga de color rosado intenso y con un fuerte olor a descomposición. La Fiscalía sostiene que el líquido provenía del lavado de langostinos y que su composición presentaba una carga orgánica superior a la permitida.

El fiscal también defendió las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas excavaciones, fotografías, filmaciones, testimonios y análisis de laboratorio. Según explicó, durante las inspecciones se identificaron dos cañerías: una habilitada para transportar líquidos previamente tratados y otra, de cemento, que habría conducido los efluentes crudos desde el interior de las instalaciones de la empresa hasta la costa.

Además, Williams mencionó una conversación telefónica entre los imputados que, para la Fiscalía, constituye un indicio relevante. En ella, durante el operativo de inspección, uno de los involucrados habría manifestado que el by-pass ya no podía utilizarse y que todo debía quedar cerrado.

¿POR QUÉ SE HABRÍA UTILIZADO EL BY-PASS?

Consultado sobre los posibles motivos del desvío, Williams planteó como hipótesis que la capacidad de procesamiento de la planta de tratamiento podría haber resultado insuficiente frente al volumen de líquidos generado por la actividad industrial.

Explicó que el tratamiento de los efluentes requiere un proceso de circulación y decantación que demanda tiempo y tiene una capacidad operativa determinada. Cuando se alcanza ese límite, la continuidad del procesamiento de materia prima genera nuevos líquidos industriales que igualmente deben ser tratados.

No obstante, aclaró que determinar el motivo no es un requisito indispensable para probar el hecho investigado. La acusación deberá acreditar qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo y quiénes fueron responsables.

UN NUEVO DEBATE Y POSIBLES CONSECUENCIAS

El fiscal anticipó que el nuevo juicio se desarrollará con los mismos elementos probatorios del proceso anterior. Los testigos deberán volver a declarar y las partes no podrán incorporar nuevas pruebas.

La Fiscalía estima que las audiencias podrían desarrollarse en tres jornadas: una destinada a sus testigos, otra a los de la defensa y una tercera para los alegatos finales. Según Williams, la intención es que el debate pueda concluir durante la próxima semana.

En cuanto a las consecuencias legales, el fiscal indicó que la pretensión de la acusación contempla una pena que podría superar los tres años, aunque aclaró que primero deberá acreditarse la responsabilidad de los imputados. También señaló que, de comprobarse los hechos, quedaría abierta la posibilidad de discutir medidas reparatorias vinculadas al daño ambiental.

El nuevo juicio vuelve a poner en el centro de la discusión la protección del Golfo Nuevo y el control de los residuos industriales de la actividad pesquera. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existió una descarga clandestina de efluentes sin tratamiento y si los dos acusados tuvieron responsabilidad en ese episodio.