Juan Llaipén fue oficial antes de que el Gobierno del Chubut lo exonerara. Lo acusan de haber presionado a un interno en su celda para que firmara la transferencia de una Toyota Hilux a cambio de no enviarlo con los presos más peligrosos.
Comenzó el juicio por extorsión a un expolicía. El primer día de debate incluyó los alegatos de apertura, la declaración del imputado y la de la denunciante. La Fiscalía acusa a Juan Emilio Llaipén de forzar a un detenido a realizar la transferencia de una camioneta Toyota Hilux mediante intimidación dentro de la Comisaría 1ª. Llaipén fue exonerado de la fuerza.
Ante un Tribunal compuesto por jueces técnicos y vocales legos (jueces ciudadanos), la Fiscalía se centró en el presunto abuso de poder cometido por el entonces oficial y sostuvo que este caso demuestra cómo un funcionario, que juró proteger y servir, utilizó su autoridad y el encierro de una persona para forzarla a transferir su camioneta.
El hecho central, según el parte de prensa de Fiscalía, ocurrió el 30 de mayo de 2024, entre las 14:31 y las 15:22. La víctima fue un joven de 26 años detenido en un calabozo de Esquel por un delito económico. La fiscal María Bottini resaltó que el damnificado se hallaba en la máxima situación de vulnerabilidad, bajo la custodia del Estado.
La Fiscalía acusó a Llaipén de haber ingresado a la celda, a pesar de que esta acción estaba fuera de sus funciones (su rol era administrativo, no era oficial de servicio ni encargado de detenidos), para obligarlo a firmar el formulario 08 de compra y venta de una camioneta Toyota Hilux.
Llaipén se sacó el arma reglamentaria a la vista de la víctima. Este accionar fue interpretado por la Fiscalía como intimidatorio.
Por otro lado, el ex oficial utilizó frases amenazantes, indicando que venía "por un pedido especial" y lo forzó a elegir: "Tenés que firmar un 08, te doy dos opciones o firmás o firmás”.
De acuerdo con la acusación, Llaipén reforzó la coacción al amenazarlo: "Si no lo firmás te voy a meter una paliza y te voy a mandar al pabellón 1 donde están todos”. Esta amenaza era ser enviado con los detenidos por delitos graves como homicidios.
Finalmente, el denunciante firmó el 08, en el calabozo, en presencia de una escribana.
Los acusadores señalaron que por este “encargo”, Llaipén recibió una transferencia de $660.000 del destinatario de la transferencia de vehículo.
Por su parte la defensa sostiene que no se cometió ningún delito. Que no hubo amenazas sino que fue un favor a un conocido y que lo que se escuchó fueron frases dichas en lenguaje coloquial, en buenos términos. Y que el detenido firmó el documento porque quiso.
