Ley de Tierras: «vender una tierra en la Patagonia no significa que deja de ser Argentina»

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que vender un terreno rural a capitales extranjeros no vulnera la soberanía del país, y defendió la vigencia del DNU 70/2023.

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió este martes en conferencia de prensa desde Casa Rosada al alcance de la derogación de la Ley de Tierras Rurales (artículo 154 del DNU 70/2023). Durante su contacto con los medios, el funcionario dejó una definición contundente sobre la compraventa de inmuebles en la región: «Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina para que quede bien claro».

Los argumentos oficiales sobre la Ley de Tierras y la inversión

Al responder sobre los cuestionamientos en relación a la soberanía nacional, Ravier explicó que la comercialización de propiedades rurales a inversores internacionales no compromete el territorio. En ese sentido, detalló que dichas tierras continúan sujetas de forma irrestricta a las leyes, los impuestos y la jurisdicción de los tribunales argentinos. Asimismo, ratificó que se mantienen plenamente vigentes las restricciones para Parques Nacionales, reservas históricas y zonas de seguridad de fronteras.

Desde el Gobierno manifestaron que se mantienen «optimistas» en que el DNU «no se va a caer», a pesar de los intentos impulsados por sectores de la oposición para frenarlo. El vocero remarcó que el objetivo central de la medida es promover las inversiones y otorgar seguridad jurídica a los proyectos productivos en todo el país, con especial impacto en las provincias patagónicas como Chubut.

El escenario judicial en la Corte Suprema por la Ley de Tierras

En el plano judicial, la controversia por la eliminación de la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo procesal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso integrar su fuero con dos conjueces para emitir una sentencia definitiva sobre la causa.

La resolución del máximo tribunal se dispuso en el marco del expediente «Asociación Civil Árbol de Pie y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo Colectivo». Se trata de una causa conexa al proceso colectivo iniciado originalmente por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) contra la derogación del régimen cambiario y predial impulsado por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023.