Los detalles del expediente que definió el regreso de Ángel con su mamá, en medio de denuncias y acusaciones cruzadas

COMODORO RIVADAVIA

Desde la Justicia afirman que el derrotero del niño incluyó múltiples intervenciones del Servicio de Protección de Derechos y de los equipos técnicos interdisciplinarios. Además, sostienen que no hay registros oficiales sobre presuntos golpes advertidos en el ámbito escolar o en el jardín, tal como señalaron familiares del chico en las últimas horas.

La trágica muerte de Ángel, el nene de cuatro años que falleció en circunstancias que aún se investigan, conmocionó a Comodoro y destapó una compleja trama familiar. Según fuentes judiciales que analizaron la causa, el historial del expediente radicado en el fuero de Familia aporta datos que permiten entender el contexto previo. 

En este sentido, voceros aseguraron que la mamá —quien tenía a su cargo al chico en el momento de la muerte— no tenía denuncias oficiales por maltratos, tal como asegura la familia paterna. "El único de todos los actores que tenía denuncia de violencia era el padre biológico", sostuvieron fuentes judiciales.

El derrotero del niño incluyó múltiples intervenciones del Servicio de Protección de Derechos y de los equipos técnicos interdisciplinarios. La información oficial detalla que la Justicia actuó en base a alertas previas mediante medidas concretas y que "ya se había dictado prohibición de acercamiento contra el padre en dos oportunidades y contra la madrastra".

Ese último punto fue reconocido por Lorena, pareja del papá de Ángel, quien aseguró que durante tres meses no pudieron acercarse al niño y no tuvieron noticias sobre su paradero.

Las denuncias cruzadas y los cambios de guarda

A mediados del año pasado, según señalaron fuentes judiciales, la pareja del padre amplió una denuncia por violencia y maltrato. En esa instancia, la mujer aseguró que el hombre golpeaba al pequeño y admitió tener mucho miedo por los problemas de adicción de su pareja. Frente a este escenario, los juzgados intervinientes le otorgaron temporalmente la guarda del menor a la madrastra y dictaron una restricción contra el progenitor.

La madre biológica del niño, por su parte, transitaba otro proceso paralelo. En un primer momento la Justicia evaluó una posible negligencia luego de que ella se mudara a la provincia de Córdoba, aunque al regresar a la ciudad petrolera comenzó un esquema de revinculación progresiva con su hijo.

Restitución a la madre y vencimiento de medidas

Durante esa etapa surgieron nuevos conflictos debido a que la madrastra empezó a obstaculizar el contacto materno y a oponerse a las directivas judiciales. Ante esta resistencia, el 4 de noviembre pasado la Asesoría de Familia decidió restituirle la guarda a la madre biológica y amplió las medidas de protección. Los informantes detallaron que en esa fecha se dictó una nueva restricción contra la madrastra, la cual se sumó a la prohibición que ya pesaba sobre el padre del niño.

Estas limitaciones legales tenían vigencia estricta hasta el mes de febrero. Al caducar los plazos sin que se presentaran nuevas denuncias de ninguna de las partes, el vínculo del niño con la familia paterna se reanudó. Las fuentes judiciales consultadas indicaron que no existía ninguna ilegalidad en ese contacto reciente y que el menor interactuaba con ambos sectores sin violar ninguna orden vigente.

El vacío de alertas institucionales

Un punto que genera especial atención en los tribunales es la falta de notificaciones preventivas en las semanas previas al desenlace fatal. Aunque tras el fallecimiento circularon diversas versiones sobre presuntos golpes advertidos en el ámbito escolar o en el jardín, los registros confirman el vacío de información oficial. Desde la sede judicial subrayaron que "nada se comunicó a los equipos técnicos interdisciplinarios ni al Juzgado de Familia" antes de la tragedia.

Con todo el entramado de Familia sobre la mesa, la investigación sobre las horas críticas avanza de manera hermética en el terreno penal bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, el órgano encargado de determinar las responsabilidades directas sobre los golpes que terminaron con la vida del pequeño Ángel. Las primeras pericias forenses realizadas sobre el cuerpo del menor detectaron la presencia de lesiones internas en la cabeza.