Es la primera resolución firmada por la jueza que despeja y clarifica el foco de investigación. Según fuentes judiciales, ambos acusados "tenían un plan ideado y premeditado". Los embargaron por 100 millones de pesos cada uno.

Ambos acusados fueron procesados hoy por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se les atribuye el delito de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa. 

Según las fuentes judiciales, Fernando Sabag Montiel de 35 años, y Brenda Uliarte de 23, tenían un plan ideado y premeditado que ocurrió hace exactamente dos semanas. 

La justicia ordenó embargarlos por 100 millones de pesos a cada uno, y se trata de la primera resolución que despeja y clarifica el foco de la investigación. En el documento que firmó la jueza María Eugenia Capuchetti pasadas las 6 de la tarde, afirma que no lograron matar a la vicepresidenta “por razones ajenas a su voluntad”.

“El modo en que se ejecutó la maniobra investigada refleja la existencia de una cogobernabilidad del hecho por parte de ambos imputados, en tanto la determinación del modo, tiempo y lugar de su ejecución estaba previamente establecida por ellos”, publicó Infobae. 

El documento también explica que si bien fue Sabag Montiel quien utilizó el arma de fuego contra Cristina Fernández, Uliarte también tuvo una activa participación en la ejecución del hecho, en el cual estaba presente a escasos metros de lo ocurrido, brindando el apoyo logístico y moral para su realización. 

En el procesamiento también se incluyó en concurso real el delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal en calidad de autor, receptación, a sabiendas de su procedencia ilegítima de un arma de fuego, agravado por provenir de un delito cuya pena es mayor a tres años de prisión, acopio de municiones sin la debida autorización legal, tenencia ilegítima de DNI ajeno, los cuatro en calidad de coautor y falsificación de documento público, por el cual deberá responder en calidad de partícipe necesario.