Tras la Asamblea en España, Fortescue planteó el pedido de “colaboración, facilitación y compromiso” a la Nación y de la Provincia de Río Negro. El grupo australiano insiste con la ley nacional de regulación de esa industria para “hacer realidad” su proyecto.
El grupo australiano Fortescue pidió “colaboración, facilitación y compromiso” a los gobiernos de Nación y de Río Negro para que el proyecto “sea una realidad”, insistiendo en la necesidad de la ley nacional de Hidrógeno Verde.
En su análisis, la empresa insistió que el proyecto de instalación en Río Negro está en “etapa de prefactibilidad “ y, actualmente, se ejecutan estudios de Impacto Ambiental.
En un comunicado, Fortescue contó de su participación en la Asamblea de Hidrógeno Verde de Barcelona, con la presencia del director general Andrew Forrest y la CEO, Julie Shuttleworth, como también, el presidente de la empresa para Latinoamérica, Agustin Pichot.
La información redunda en un pedido clave transmitido a las autoridades, especialmente al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quienes concurrieron a la asamblea de Barcelona.
Forrest -se afirmó- compartió los avances del Proyecto Pampas para Río Negro y remarcó la “importancia de la creación de la ley de Hidrógeno Verde” para su “marco regulatorio”. Reclamó “la necesidad de colaboración, facilitación y compromiso” de la Nación y la Provincia “para que el Proyecto de FFI sea una realidad”.
Luego, en otro parrafo, la empresa se pone a disposición para “colaborar” en la Ley de Hidrógeno y reiteró que “de esta manera poder hacer del proyecto una realidad” en Río Negro.
En una entrevista con Río Negro, el ministro Kulfas contó que las solicitudes de los “inversores” vienen “más que nada por el lado de la estabilidad en las reglas de juego”, como “marcos generales, la razonabilidad de establecer regímenes de estabilidad fiscal. No estamos hablando de pedidos de condiciones raras o especiales sino de un marco normativo que dé esta previsibilidad”.
En su pedido por la ley, Fortescue manifiesta que la norma “permitirá la definición de lineamientos para el desarrollo de la industria en el país” y posibilitará a la empresa “colaborar con las ambiciones de descarbonización”.
Las autoridades de FFI reafirman que el proyecto “se encuentra en una etapa de prefactibilidad que definirá su viabilidad”, tras lo cual, explica que “en esta etapa inicial”, la firma “está ejecutando los Estudios de Impacto Ambiental y Social, en el marco de la Ley Provincial N° 3266, cuyo objetivo es resguardar los recursos naturales”.
Además, el grupo australiano expresa un “gran compromiso con el empoderamiento de las comunidades y buscará en todas las etapas del proyecto brindar beneficios económicos y sociales positivos, empleos, capacitación y desarrollo de habilidades”.
Se reconoce y valora -agrega- “la biodiversidad única de las regiones en las que opera y asume el compromiso de salvaguardar tal biodiversidad a través de una gestión ambiental responsable”.
La iniciativa de Doñate y el Fondo Nacional
En diciembre, el senador del FdT, Martín Doñate presentó un proyecto para “desarrollo y producción del hidrógeno verde”, “como alternativa energética, soberana, federal, inclusiva, estable y sustentable”. Se promueve, además, un Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno Verde.
Esta iniciativa -que no ha tenido tampoco tratamiento en el Senado- parte de “la elaboración, seguimiento y actualización del del Plan Nacional Estratégico de Energías Renovables”. El mismo deberá “contemplar la planificación y eficiencia energética, estrategia sobre distintos usos y sectores para las renovables, un impacto del plan, modo de aprovechamiento de los volúmenes de producción actual y su diversificación, el plazo de ejecución, programas y proyectos, emprendimientos, formación de recursos humanos, medidas para mitigar el impacto ambiental, reforestación, modelos productivos y sustentables y uso eficiente”.
Además, se incluyen ofrece beneficios promocionales para aquellos sujetos relacionados al H2V que cumplan las condiciones. Por ejemplo, se prevé un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 20% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la Seguridad Social, que podrán ser utilizados por el término de veinticuatro meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales.
